Según se reveló en la sesión ordinaria del concejo del viernes 11 de febrero, fue precisamente la renuncia que se debía firmar ante el ministro de fe, lo que no se habría gestionado a inicio de 2021, mientras dirigía la municipalidad la ex alcaldesa Verónica Rossat.
“ (…) Los docentes que habían postulado para acogerse al incentivo al retiro, cuya solicitud fue aceptada por el Ministerio de Educación debían presentar su renuncia (para poder recibir el bono por retiro) hasta el 30 de abril de 2021. El Departamento de Educación de la época, debió instruir a los docentes para que concurrieran ante el secretario municipal, en su calidad de ministro de fe, y suscribieran este instrumento que el mismo Mineduc visa.En detalle, 7 docentes no fueron convocados a firmar esas cartas de renuncia y otros 3 fueron convocados, pero no en los plazos establecidos por el ministerio”, expuso ante el Concejo Municipal René Molina director del Departamento de Educación Municipal de Hijuelas.
Tras ello, Rosa González una de las profesoras afectadas señaló, “yo no firmé esa carta, y no se me convocó a firmarla, al igual que otros 6 colegas. Es ahí donde vemos que se interrumpió el proceso, yo creo entender que uno no maneja todas las cosas, tal vez a la señora Verónica (ex alcaldesa de Hijuelas) no le fue presentado lo que correspondía en sumomento, si eventualmente se le expuso que se había firmado, yo inmediatamente digo que no fue así, no firmamos.”
“Los 10 docentes que estamos en esta situación, no nos cabe ninguna responsabilidad, porque nosotros confiamos en la persona que estaba a cargo en el Departamento de Educación, porque suponemos que saben lo que tienen que hacer y no se pueden pasar estas cosas. Nosotros ahora apelamos a la voluntad del concejo, agradecemos la disposición del alcalde y el actual jefe de educación, por su compromiso con solucionar este problema y velar porque esto no vuelva a ocurrir nunca más”, concluyó la docente.
Finalmente, la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Hijuelas, María Fernanda Ríos argumentó que, “la ley establece que, una vez llegada la nómina, se genera la obligación de citar a los docentes ante el ministro de fe para firmar su renuncia y eso fue lo que no ocurrió. Esto se va a investigar en el contexto de un sumario administrativo que el alcalde José Saavedra ya instruyó”, sentenció la abogada.
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